Todos los años, ante un aniversario de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Perú es testigo de una grotesca campaña de desinformación y mentiras. Se declaran y publican falsedades, intentando caracterizar a la Comisión de la Verdad como un grupo de izquierda que ataca a las fuerzas policiales y las fuerzas armadas; y que a su vez simpatizan con el terrorismo.
Personajes como el vicepresidente Giampietri (contralmirante en retiro) , el cardenal Juan Luis Cipriani (miembro además del Opus Dei), el ministro Rafael Rey (otro miembro del Opus Dei), el comandante general del ejército Edwin Donayre, el ministro de defensa Ántero Flores Aráoz (este último, un habitual emisor de pachotadas con rango ministerial, tantas que valdría la pena hacer una recopilación de sus disparates), entre otros, unen sus voces a la habitual vocinglera fujimorista. El elemento común que agrupa a esta variada fauna es, cómo no, el afán de eludir las responsabilidades que les corresponden en los crímenes cometidos durante el conflicto interno. Eludirlas ellos mismos o para que las eludan quienes están detrás de ellos, obviamente.
En realidad el discurso de los nombrados es tan predecible que no causa sorpresa. Tan predecible como que el próximo año, en las mismas fechas, desinformarán de la misma manera. Volverán a soltar argumentos tales como que la CVR denigra al ejército o no reconoce al accionar senderista como la causa principal del conflicto. Obviamente, estos son argumentos que recurren al analfabetismo funcional (propio y ajeno), pues cualquiera que revise aunque sea de manera superficial el Informe Final de la CVR encuentra de inmediato que se señala a Sendero Luminoso como el principal causante de los crímenes, y también se rinde justo homenaje a todos los miembros de las fuerzas del estado (ejército y policía) que fueron víctimas de la violencia.
Por el lado de los fujimoristas, la cosa está clara. Insisten en su intento de presentar a Alberto Fujimori como un salvador, y de negar cualquier exceso que pueda tener una consecuencia penal contra él. Concretamente, en el contexto del juicio contra Alberto Fujimori por los delitos de lesa humanidad. Justo lo que se podía esperar de este grupo político.
Por el lado de las fuerzas armadas, el tema no es distinto. Las fuerzas armadas deberían ser las primeras interesadas en conocer y sancionar a aquellos malos elementos que ensuciaron el uniforme. Pero en la realidad, dada la jerarquía de algunos implicados, se opta por una estrategia similar a la fujimorista. Esto incluye a Giampietri, por supuesto.
Un caso patético es el del cardenal Cipriani. No vamos a abundar en esta ocasión en sus actitudes y contradicciones. Baste decir que estamos completamente de acuerdo con las palabras de Mario Vargas Llosa en su artículo "Cobardía e hipocresía", dedicado a este inefable personaje:
"Juan Luis Cipriani no pasará a la historia por su vuelo intelectual, del que, a juzgar por sus sermones, está un tanto desprovisto, ni por su tacto, del que adolece por completo, sino por haber sido el primer religioso del Opus Dei en obtener el capelo cardenalicio, y por su complicidad con la dictadura de Montesinos y Fujimori, a la que apoyó de una manera que sonroja a buen número de católicos peruanos, que fueron sus víctimas y la combatieron." Artículo completo aquí.
Pero hay otro elemento que hermana a la fauna descrita. La búsqueda de la impunidad, ese afán por obtener un "blindaje" contra las acusaciones por los crímenes cometidos, encierra un profundo desprecio contra las víctimas y su derecho a la justicia. El egoísmo de quienes pretenden esquivar cualquier investigación (y de quienes les hacen el juego) sólo puede sostenerse, insisto en la repetición, con el profundo desprecio a los derechos de las víctimas. De este desprecio ya nos habla el mismo Informe Final de la CVR (Prefacio. Tomo I. página 14).
"Un país que olvida su historia está condenado a repetirla", dice el texto que acompaña a las imágenes en la página web de la CVR. La única forma de evitar que esta historia se repita es lograr una institucionalidad inclusiva, donde se respete el derecho de todos, poniendo énfasis en los derechos de las víctimas; y donde la justicia imponga las sentencias pertinentes a todos quienes hayan cometido crímenes, sea cual fuere su procedencia. El desprecio a las víctimas, la impunidad, la gran corrupción que siempre la acompaña, son el abono para revivirlos mismos horrores.
Y si hubiera alguien tan inocente que crea que es imposible que revivamos estos hechos, bastaría con mirar el proceso que se está gestando en México, un país al que el Perú ha tomado como ejemplo (y nos lleva delantera) en nuestro camino al desarrollo. La guerra del narcotráfico en México lleva un saldo de 3 000 muertos y 400 secuestrados sólo en lo que va del 2008. Se ha llegado a la cifra increíble de un muerto cada 85 minutos. Un baño de sangre, por donde se lo mire. ¿Se ve demasiado lejano? Es conocido que carteles mexicanos operan en el Perú, que además es un país productor de coca.
Lo anterior es sólo un ejemplo. Ese podría ser el precio que los peruanos terminemos pagando por la impunidad de unos cuantos y por no aprender de nuestra historia.
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